EL CRECIMIENTO URBANO EN LAS SIERRAS CORDOBESAS PONE EN RIESGO LA PROVISIÓN DE AGUA PARA MILLONES DE PERSONAS

Con el objetivo de aportar desde lo metodológico al entendimiento de lo que sucede en el territorio, un equipo científico de la UNC y Conicet realizó un trabajo que recopila resultados de diversas investigaciones sobre los cambios en los usos del suelo de Córdoba y sus impactos en la provisión de agua.

Sus integrantes coinciden en que el modelo de desarrollo urbano imperante en las sierras de Córdoba avanza provocando un desequilibrio sobre el capital natural que lo sostiene.

El trabajo muestra que el sector inmobiliario impuso las reglas de expansión de la mancha urbana al fomentar el desarrollo de barrios cerrados, housing y urbanizaciones situadas fundamentalmente en la parte alta de las cuencas, dado su alto valor paisajístico.

Este proceso trajo aparejado consigo el incremento de los desmontes, los incendios, y la contaminación, entre otros aspectos que afectan seriamente la dinámica hídrica de la región y la disponibilidad de agua.

“Tratamos de reflejar que el paisaje está modelado por el mercado y eso tiene consecuencias sociales, ambientales y económicas”, explica Fernando Barri, uno de los autores de la publicación y profesor de la cátedra Problemática Ambiental en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC.

“El desarrollo urbano de las sierras está impulsado por la creciente demanda de grupos de alto poder adquisitivo de acceso a zona vírgenes para habitarlas de manera exclusiva. Esto produce una serie de transformaciones, porque para urbanizar hay que impermeabilizar, generar servicios, y esos lugares terminan convirtiéndose en cemento: el paisaje natural se modifica radicalmente y hay menos superficie para la captación de agua”, agrega el investigador.

Barri sostiene que en Sierras Chicas este proceso se dio de manera vertiginosa. Así, la mayor parte de los poblados serranos cercanos al Gran Córdoba fueron perdiendo su identidad turística y paisajística, a costa de transformarse en núcleos dependientes de los servicios de la gran urbe o de subsumirse a sus dinámicas, tales como los servicios de salud, educación, fuentes de trabajo y producción.

Mudaron la ciudad a las sierras
El modelo de desarrollo urbano-centrista regional toma por centro a la capital provincial y piensa a las regiones del valle de Punilla, al corredor de las Sierras Chicas y al valle de Paravachasca como estructuras dependientes de la ciudad capital.

“En base a la Ley de Bosques, el gobierno provincial debería proteger las zonas en categoría roja o amarilla. En los últimos años, sin embargo, fue aprobando loteos de barrios cerrados en porciones de bosque nativo resguardados bajo esas categorías”, explica Emiliana Martina, becaria postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la UNC y Conicet.

Según la especialista, eso generó el descontento de gran parte de la población residente en las zonas serranas y derivó en un escenario de conflictos territoriales –aún en disputa– entre grupos autoorganizados de la sociedad civil, el Estado y un sector del empresariado inmobiliario.

La investigación muestra que algunos de esos proyectos urbanísticos ya están en marcha y poseen incluso canchas de golf, que demandan un altísimo consumo de agua.

Algunas otras iniciativas de barrios cerrados en zonas de bosque nativo fueron momentáneamente frenadas por la Justicia y otras están en disputa debido a las acciones de índole administrativa y política interpuestas por vecinos y asambleas de la ciudadanía.

En general, se trata de procesos que empezaron cuando no había leyes concretas, ni claridad por parte de la ciudadanía sobre las consecuencias de esos desarrollos.

Con el tiempo, se avanzó con legislación a nivel provincial. En 2014 se sancionó la ley 10208, según la cual los emprendimientos cuya envergadura pueda producir un impacto ambiental deben someterse a una evaluación de impacto ambiental y una audiencia pública. Además, recientemente algunos municipios empezaron a crear normas propias y ordenanzas.

“Las urbanizaciones que lograron instalarse se adelantaron a los Estados y las leyes. De las que llegaron más tarde, algunas lograron ser frenadas y otras están en un limbo jurídico -administrativo. La posibilidad de suspenderlas tiene que ver con la resistencia y el accionar de las organizaciones sociales, que hoy están mucho más preparadas para enfrentar estas situaciones y presionar a los Estados locales”, complementa Barri.

No obstante, a los mega emprendimientos se les suma lo que el equipo de investigación define como una “sangría diaria”: pequeñas urbanizaciones en las serranías, menores a 10 hectáreas.

“Como los grupos desarrollistas no quieren ir a una audiencia pública y a un estudio de impacto ambiental, venden lotes de una o dos hectáreas y la persona propietaria construye. Pero nadie controla si esto ocurre en una zona protegida por la Ley de Bosques. Esa pequeña sangría se está dando todos los días”, apuntan.

“Por las consecuencias de estos proyectos en términos de afectación del territorio hidrosocial, comenzaron a surgir un conjunto de resistencias”, apunta Joaquín Ulises Deon, doctorando en Estudios Urbano-Regionales y en Estudios Sociales Agrarios, en la UNC.

Entre ellas, menciona dos. Por un lado, las asambleas socio-ambientales que defienden las cuencas y el agua, visibilizan y denuncian los desmontes, así como la contaminación de cursos de agua y las obras no habilitadas. Por el otro, estrategias de hábitat autónomas y autogestivas desde lo local, que impulsan, por ejemplo, el planeamiento urbano territorial participativo, la bioconstrucción y formas sustentables de habitar las sierras.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Content is protected !!